MIGUEL MANSO. PALMA. Después de cinco años de controversia, la Autoridad Portuaria de Balears ha resuelto el concurso del histórico Club Marítimo de Maó en favor de la empresa Trapsayates S.L, integrada en el grupo turístico Marsans del que son propietarios Gonzalo Pascual y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz.
Trapsayates S.L, sociedad con numerosas adjudicaciones en los puertos baleares del Estado, gestionará 155 puestos de amarre para barcos de entre 10 y 30 metros de eslora en el Moll de Llevant, emplazado entre Cala Figuera y Punta des Rellotge.
En esta ocasión, la mercantil del presidente de la CEOE no ha contado con el apoyo de los empresarios baleares que forman parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria ni con el respaldo de las instituciones menorquinas. Ha obtenido doce votos a favor; uno en contra del delegado de CCOO; y la abstenciones de un representante del Govern balear designado por el Bloc, la Cámara de Comercio y las patronales Pime y Caeb, esta última integrada en la confederación de Gerardo Díaz.
Además, cuatro cargos políticos se han ausentado de la sala porque, al tener un régimen parejo al de los funcionarios, carecen de la facultad de abstenerse y sólo pueden expresarse a favor o en contra. Éste ha sido el caso del presidente del Consell Insular de Menorca, Marc Pons, el vicepresidente de Ports de les Illes Balears, Manuel Patiño, y los alcaldes de Eivissa y Alcúdia, Lurdes Costa y Miquel Ferrer respectivamente. El ex alcalde maonés, Artur Bagur, ni siquiera entregó su papeleta por su disconformidad con el proceso.
Los clubes náuticos de de la Comunidad y las instituciones menorquinas habían insistido en prorrogar la adjudicación de los amarres al Club Marítimo de Maó, una sociedad sin ánimo de lucro que ha gestionado las instalaciones desde hace más de 80 años y que recibió la segunda puntuación más alta por parte de la comisión técnica del concurso, justo por detrás de Trapsayates.
La adjudicación de esta dársena se ha enconado en las últimas fechas después de la publicación de las turbias negociaciones del ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, para resolver el asunto.
Estos supuestos tratos secretos se habrían producido después de que la comisión técnica encargada de estudiar el proyecto fallara en favor de Trapsayates, el 6 de octubre de 2004.
El presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, ha manifestado: "Todos los informes jurídicos recabados por (Abogacía del Estado y Secretario de la Autoridad Portuaria y uno externo (catedrático Jiménez Cisneros), coincidían en que el concurso no podía declararse ni caduco ni desierto", tal como abogaba el Club Marítimo de Maó.
Pierden los barcos pequeños
Por otra parte, la Asociación de Clubes Náuticos de Balears considera que la adjudicación del muelle de Levante a la sociedad Trapsayates supondrá la pérdida de todos los amarres de menos de 10 metros que actualmente oferta el Marítimo de Maó, según consta en el proyecto presentado por Trapsayates.
Esta asociación considera que la concesión del muelle, "consumada tras un concurso plagado de irregularidades que deberían haber derivado en su nulidad", afecta directamente a la línea de flotación de la náutica deportiva social balear, al impedir el acceso al mar a los propietarios de embarcaciones menores. Los clubes lamentan que Triay sólo defienda la náutica social en las áreas gestionadas directamente por la entidad que preside.
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