EDITORIAL ¿Cuántas pateras más tendrán que ser descubiertas para que la delegación de Gobierno reconozca que Balears es el destino o lugar de paso de una ruta de inmigración clandestina? En todo caso, lo que importa es que se tomen las medidas adecuadas tanto para evitar el tráfico de inmigrantes -un floreciente negocio para los nuevos piratas del Mediterráneo- como para garantizar la seguridad de quienes, temerariamente, se lanzan a cruzar el mar para poder vivir mejor. Las hipótesis que maneja el propio ministerio del Interior son la mejor prueba de que esta ruta funciona, con mayor o menor intensidad, pero con suficiente fuerza como para no pasar desapercibida. Es probable que barcos nodriza distribuyan otras embarcaciones cerca de la costa de las islas o del Levante peninsular y que una vez en tierra los inmigrantes se dirijan por otros medios a sus destinos definitivos.
Hace unos meses, el ministro Pérez Rubalcaba se hizo eco de esta hipótesis a raíz de una inusual llegada simultánea de dos pateras a las costas murciana y balear. Y también ha sido expuesta reiteradamente por el delegado de Gobierno, Ramon Socias, quien ha anunciado la posibilidad de instalar radares fijos ya que los móviles son insuficientes. Además, los inmigrantes que han sido detenidos al desembarcar iban bien vestidos y llevaban suficiente dinero para trasladarse a la Península sin levantar sospechas. Y por otra parte, a diferencia de las pateras que atraviesan el estrecho, o los cayucos que llegan a Canarias, las embarcaciones utilizadas en la travesía balear son muy diferentes entre sí, como también lo es su estado. A ello hay que añadir que, según las pruebas, las barcas estaban dirigidas a ser hundidas para no dejar huella. Así las cosas y ante esta ´sofisticación´ de los sistemas de traslados, no es ocioso preguntarse ¿cuántos inmigrantes habrán podido desembarcar clandestinamente en Mallorca -o en las otras islas- sin haber sido detectados?
Es probable que lo que lleva al Gobierno, y al partido que está en el poder, a negar la evidencia sea el temor a que la oposición utilice la inmigración ilegal, y los probables agujeros existentes, como arma arrojadiza ante las elecciones generales. No es una razón suficiente. De hecho, por poco que se analice la situación se verá que la política inmigratoria reciente es mejor de la que se tenía hace unos años.
La presión sobre las rutas tradicionales ha reducido las llegadas pese a no disminuir ni el eco mediático ni el dramatismo que encierran. Las mafias que trafican con los inmigrantes han tenido que buscar rutas alternativas o sofisticarse. En este sentido, lo que es seguro es que la ruta de Balears no es una más de las muchas rutas de la emigración de sur a norte sino que tiene rasgos propios, por el origen y cercanía (la zona de Dellys, en Argelia) y por las causas (a la pobreza se suma la demanda de empresarios españoles poco escrupulosos con el fisco y los derechos de los trabajadores) y por eso exige soluciones de corte diferente.
La desarticulación de una red que operaba entre Argelia y Navarra es otro indiscutible aval de esta teoría. El problema es real y no poco importante, aunque -en eso quizás haya que dar la razón al delegado de Gobierno- no deja de ser el menor de los problemas que Balears tiene con la inmigración, tanto legal como clandestina. A ésta hay que evitarla como se pueda, mientras que la legal debe seguir regulándose para reducir al máximo su impacto social, en su propio beneficio y en el de toda la sociedad. Balears, con casi el veinte por ciento de la población extranjera, es la comunidad con mayor porcentaje de inmigración, lo que obliga a articular políticas de muy amplio y largo alcance. Éste es el debate sobre inmigración que de verdad interesa a los electores. Políticas de cooperación internacional frente a las necesidades de los países de emigración y políticas de cohesión social de puertas adentro. Sin perder de vista la vigilancia y el control sobre las nuevas rutas.
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