EL GOBIERNO balear, con la excusa de garantizar el uso del catalán en su territorio, pretende impulsar un plan férreo de adoctrinamiento y de estímulo del sentimiento nacionalista incompatible con la Constitución y con una sociedad verdaderamente libre y democrática.Llama la atención, de entrada, que el Ejecutivo autonómico se haya fijado 934 objetivos supuestamente lingüísticos. A tenor de tan abultado propósito, cualquiera diría que el mallorquín es una lengua muerta, o que no se ha hecho nada para su recuperación en tres décadas de democracia, cuando lo cierto es que la lengua autóctona goza de buena salud y se la mima desde las instituciones.
La drástica decisión del Govern también podría llevar a pensar a quien no conozca la realidad de las Islas que hay un grave conflicto social por el uso de la lengua, o que el catalán está allí proscrito y sojuzgado. Sin embargo, el bilingüismo es un hecho natural en Baleares y no ha habido problemas de convivencia que merezcan ese nombre. En realidad, con la tapadera de «normalizar» el catalán, asistimos a una nueva ofensiva del nacionalismo radical y al intento de hacer política con el idioma. Basta echar un vistazo a las medidas del plan elaborado por la Dirección General de Política Lingüística -alguna, por cierto, esperpéntica- para ver cuál es el espíritu que las guía. Por ejemplo, se pretende imponer el catalán en misa, en el fútbol y en las máquinas de café, se prevé la creación de comisarios lingüísticos en centros públicos y privados para vigilar su uso, se requiere el empleo del catalán a las empresas para obtener cualquier tipo de ayuda de la Administración, se exige su conocimiento certificado como requisito para poder aspirar a cualquier plaza de funcionario, se reclama el derecho a ser atendido por los organismos oficiales del Estado y de la UE en catalán, se persigue la incorporación del dominio .cat para todas las webs y correos electrónicos de la Administración autonómica (en lugar del .es), se propone la creación del «Día del Estado plural e igualitario»... Por no dejar ningún cabo suelto, hasta se habla de emitir moneda en catalán, el pasaporte y el DNI.
Esta serie de disparates y este modelo intervencionista y de ingeniería social propios de un laboratorio del doctor Frankenstein los persigue no un Gobierno presidido por un nacionalista recalcitrante, sino por un miembro del partido que gobierna en España. El difícil equilibrio en el que se sustenta Francesc Antich ayuda a comprender la situación. De una parte están los independentistas del Bloc, que han radicalizado sus posiciones debido a su escasa visibilidad en el Gobierno. Los socialistas han preferido asumir sus desvaríos soberanistas antes que romper la coalición. Por otro lado está Unión Mallorquina, un partido con hasta seis imputados en casos de corrupción, incluyendo al consejero de Turismo. Contrasta la posición de Antich -incapaz de pedir a su socio que dimita- con la de Esperanza Aguirre, que destituyó a López Viejo en cuanto se le relacionó con la operación Gürtel. En su huida hacia delante, Antich no sólo no parece reparar en el reciente ejemplo gallego -donde la alianza con los nacionalistas y sus imposiciones lingüísticas han echado al PSdG del Ejecutivo-, sino que rema a contracorriente de lo que muy pronto va a tener que hacer en esta materia el PSE en el País Vasco.
El PP ha denunciado la deriva del Govern y apoyará las movilizaciones que empiezan a gestarse en las Islas. El Sindicato Médico de Baleares y el Sindicato de Enfermería han convocado ya una manifestación en contra de la imposición del catalán en la Sanidad y hacen un llamamiento para que los ciudadanos acudan a la protesta, conscientes de que, más allá de su reivindicación puntual, lo que está en juego es el modelo de convivencia.
Editorial de El Mundo
El PP presenta una enmienda a la totalidad al Plan de Normalización Lingüística
Baleares pretende ‘normalizar’ al catalán a jueces, deportistas, curas y la UE
