VÍCTOR M. GUERRERO AYUSO* En cuestiones de patrimonio arqueológico no ganamos para sustos. Elena Vallés en las páginas de Cultura del Diario de Mallorca (17/01/09) nos informaba que el "proyecto de carta arqueológica" promocionada desde el gabinete del Director General de Archivos y Bibliotecas del ayuntamiento había sido finalizado y su presupuesto, si por desgracia se lleva a cabo, costará en tiempos de vacas flacas un millón de euros al contribuyente (166.600.000, ciento sesenta y seis millones, seiscientas mil pts). Comprenderá el lector que la cuestión, desde cualquier punto de vista que se la mire, no es baladí y requiere un análisis riguroso desde bastantes puntos de vista y no todos desde una perspectiva arqueológica, pues, naturalmente, la dimensión política de las prioridades en el gasto público importa, y mucho, al contribuyente, no estamos ante una disputa entre arqueólogos.
Todo el mundo sabe que, incluso en periodos de bonanza económica, invertir un millón de euros en patrimonio arqueológico constituiría traspasar la frontera de la ciencia ficción. Bajando de la estratosfera y volviendo a poner los pies en tierra, la primera y más pertinente pregunta es si la carta arqueológica del término de Palma, incluida Cabrera, es una prioridad en las políticas de la gestión cultural de la ciudad. El patrimonio arqueológico del municipio de Palma, incluido el urbano, cuya revisión tuvimos ocasión de realizar para el Plan General de Ordenación Urbana, está en una situación agónica. La presión urbana en la periferia ha hecho desaparecer, o convertido en vertederos, yacimientos como Son Sunyer, Ca Na Vidriera, lo que queda de Son Oms y tantos otros. ¿Cómo es posible que a una excelente gestora, como es Aina Calvo, le hayan colado un gol de tal calibre? Lo mejor del camelo es que gran parte del trabajo ya está hecho, como luego indicaré. ¿No ocurrirá que esta prioridad obedece a los negocios de determinados arqueólogos? Éste es un tema, las relaciones entre empresas arqueológicas y recientes técnicos de patrimonio en las instituciones públicas, del que podremos hablar largo y tendido próximamente. Aquí Aina Calvo debería mirar con lupa a quién están favoreciendo las concesiones de excavación, rehabilitación y restauración que se están proyectando, pues le puede ocurrir que Can Domenge resulte al final un juego de niños.
Un poco de historia. Hace un momento decía que gran parte del trabajo está hecho y en todo caso habría que revisarlo y ampliarlo. Efectivamente, entre los años 1978 y 1985 codirigimos trabajos de excavaciones arqueológicas submarinas. En aquellas fechas, el Ministerio de Cultura nos encargó la coordinación en Balears del "Plan Nacional de Documentación Arqueológica Subacuática del Litoral Español". En el mismo trabajó un equipo mixto formado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, con sede en Cartagena, junto a otros de la Universidad de Burdeos III y del Département des Recherches Archéologiques del CNRS francés, con sede en el Fort Saint-Jean de Marsella. De esta forma, alternamos las excavaciones en la nave romana Cabrera III con la revisión de los restantes pecios existentes en el archipiélago vecino. Obviamente los trabajos no concluyeron, como jamás se concluye verdaderamente una carta arqueológica, pero sí que el adelanto fue considerable. Algunos años después Joan Manuel Pons Valens, desde el Consell Insular de Mallorca, aunque sin apenas medios, continuaba las labor con excelentes resultados.
Conocer qué patrimonio arqueológico submarino tenemos y en qué condiciones se encuentra, es un discurso que suena bien y se vende mejor al público en general, así como también al político de turno, por eso es preciso aclarar algunas cuestiones básicas para evitar trampas dialécticas. El asunto central a discutir es la prioridad del gasto y, en todo caso, su efectividad real en la gestión del patrimonio arqueológico en general y del submarino en particular.
Por otro lado, un proyecto con tal montante de presupuesto, además de la necesaria convocatoria pública, requiere una estricta evaluación externa del rigor científico, así como de la solvencia y eficiencia de quien debe llevarlo a buen término. Especialmente cuando la idea parte de una institución sin competencias en investigación y, por lo tanto, sin personal cualificado, ni control alguno en tal ámbito. Hoy existen agencias muy solventes de evaluación de la calidad científica como la ANECA, AGAUR o la AQUIB, que los contribuyentes estamos pagando, precisamente para que no nos cuelen por proyectos de investigación lo que no son otra cosa que bazofia insufrible.
Vayamos a las cuestiones más técnicas. Una carta arqueológica es fundamentalmente, aunque no sólo, un instrumento de gestión administrativa. En tierra, como es sabido, resulta imprescindible, pues cualquier planeamiento de ordenación urbana, obra pública o privada, requiere conocer previamente los valores y la naturaleza del suelo. Por prescripción legal, todos los municipios deben ya contar con una carta arqueológica y el inventario de bienes con alguna escala de protección, si es que ya no son BIC (Bien de Interés Cultural). Cualquiera entiende bien la importancia estratégica que para la actuación política, a todos los niveles, tienen estos documentos. Sin embargo, ¿ocurre lo mismo en el mar? Radicalmente, no.
El mar es un espacio tan difícil de controlar que, una carta arqueológica, frente a lo que pueda pensarse, no aminora el expolio, sino que puede facilitarlo. De hecho, grandes empresas del expolio organizado a escala internacional, como la empresa norteamericana Odyssey Marine Explorer, de infausto recuerdo, son las primeras interesadas en que la Administración Pública realice cuantas más cartas arqueológicas submarinas mejor, con su implacable poderío económico y sus prácticas mafiosas tardan poco en conseguirlas por muy secretas que hayan sido declaradas. De esto tiene buena experiencia la Junta de Andalucía y el propio Ministerio de Cultura que denodadamente luchan contra los expolios en la bahía de Cádiz. Se sabe que historiadores, muy bien pagados a sueldo de estas empresas del expolio sistemático, investigan en el Archivo General de Indias tras las pistas de naufragios. Como verán un panorama digno de una novela de aventuras.
En los foros de discusión internacional y en los congresos de arqueología subacuática, se está planteando ya hace tiempo una distinta filosofía en la administración del patrimonio sumergido y muchos especialistas proponen que las cartas arqueológicas, sobre todo extensivas, no constituyen un objetivo prioritario en la conservación del patrimonio marino arqueológico y etnológico, sino que las Administraciones públicas deben dirigir prioritariamente sus esfuerzos a la creación de equipos humanos, materiales y técnicos estables en la investigación, en la conservación y para la vigilancia de lugares estratégicos, como podrían ser los puertos deportivos. Las cartas arqueológicas y las prospecciones deben ser puntuales, selectivas y bien justificadas. Un buen ejemplo lo tenemos en la actuación del Consell Insular de Menorca en el puerto de Ciutadella, donde las prospecciones arqueológicas submarinas bien planificadas han impedido que la ampliación del puerto arrasase no menos de cinco naves romanas. Es en estas dimensiones donde tienen sentido los equipos y servicios insulares de arqueólogos especialistas.
La última palabra la tienen los gestores políticos, pero la definitiva la tendrán los ciudadanos en las próximas elecciones. No sé si estarán dispuestos a que se hagan experimentos de dudosa efectividad al precio de un millón de euros que salen de sus bolsillos. Aunque pague "Madrid" sigue siendo un despilfarro astronómico que, en última instancia, sale de nuestros bolsillos.
(*) Profesor Titular de Prehistoria en la UIB, Investigador del Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale (Venecia)
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